El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quedó en el centro de una tormenta, este lunes, luego de que el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y una fiscal federal de esa jurisdicción, Cecilia Incardona, solicitaron que lo investigue el Consejo de la Magistratura por su presunto mal desempeño como magistrado.

Iglesias e Incardona sostuvieron que el juez Villena se extralimitó en sus funciones y actuó por fuera de la ley con el solo fin de beneficiar a una de las hijas del líder del gremio de los camioneros, Hugo Moyano. ¿Cómo? En plena feria judicial, la sobreseyó y le devolvió casi medio millón de dólares y 600.000 pesos que se encontraban congelados desde hace más de dos años en una causa de narcotráfico que tramita en otro juzgado, no el suyo.

Los fiscales presentaron un recurso de nulidad ante la Cámara Federal de La Plata, aunque Moyano ya recuperó ese dinero, que estaba sujeto a una pesquisa por eventual lavado de activos en la que todavía estaba por determinarse el origen y legalidad de esos fondos.

Villena rechazó la acusación: "Resolví conforme a derecho y, llegado el caso, será el Consejo de la Magistratura el que deberá analizar mi actuación, que fue justa y acorde a derecho", según publicó hoy La Nación.

Para el abogado de Karina Moyano, José Manuel Ubeira, en tanto, los fiscales plantearon la nulidad de lo decidido por el juez Villena solo porque su clienta es la hija del líder de Camioneros. "Existe una sola razón: No se trata de Karina 'X', es Karina Moyano", argumentó, para luego equiparar a su defendida con las víctimas de los 70: "¿Qué es lo que pretenden los apelantes? ¿Otro caso mediático? ¿Sumar más luces a costa de los derechos de mi clienta por portación de apellido? Esta situación me remonta a la época de la dictadura".

La historia de la causa

El contrapunto tiene como epicentro una investigación por narcotráfico que comenzó en 2018, delegada en los fiscales Incardona e Iglesias, y que derivó en una serie de allanamientos y detenciones en septiembre de ese año. En aquel momento, el juez Villena estaba a cargo del juzgado 2 y ordenó, sin que mediara una petición, otro allanamiento en un domicilio vinculado a una detenida y que resultó la casa de Karina Moyano, donde encontró US$436.670 y $600.000 que quedaron congelados, sin disponer nuevas medidas de prueba ni investigar el origen de los fondos.

Meses después, cuando Juan Pablo Augé quedó al frente del juzgado y Villena fue al juzgado 1, la defensa de Moyano pidió la restitución del dinero, lo que Augé rechazó porque seguía sin acreditarse el origen de los fondos y la investigación se encontraba en pleno trámite. Moyano no apeló.