El sector, que tiene como voceros a personal retirado que intenta suplir la ausencia de una entidad sindical policial formal, dice que lo dispuesto por el gobierno para los uniformados está muy por debajo de la inflación estimada para 2021.

El Frente de Policías y Penitenciarios Autoconvocados del Chaco -FREPPACH- dio a conocer su "rechazo de plano" al acuerdo salarial cerrado entre la Jefatura de Policía y el gobierno provincial, que se plasmó en decreto N° 509/21. Los autoconvocados (casi en su totalidad policías retirados de la actividad) dicen que los términos de esa negociación "avasallan derechos establecidos en la legislación salarial vigente, provocan perjuicios económicos a los trabajadores policiales y no contemplan las legítimas reivindicaciones salariales del sector".
 
En un comunicado, el FREPPACH plantea como primera objeción que la "paritaria" policial haya tenido como participantes a dos figuras que responden al Poder Ejecutivo, como el jefe de Policía, Ariel Acuña, y el ministro de Economía, Santiago Pérez Pons, en lugar de tener como marco  una discusión técnica con "legítimos representantes de los trabajadores policiales".
 
Al respecto recuerdan que la mesa técnica salarial era un espacio de diálogo institucionalizado en el ámbito del Ministerio de Seguridad, articulado con el Ministerio de Economía, que funcionó desde 2010 hasta 2019 inclusive, y que "se desactivó el año pasado por decisión del Poder Ejecutivo".

Foto de archivo de una manifestación de policías autoconvocados de Sáenz Peña, el año pasado.

 
"En segundo lugar, el Decreto N° 509/21 modificó porcentajes de suplementos establecidos por la ley del personal policial N° 178-J (antes ley 1134) y su reglamentaria ley N° 187-J (antes ley 1215), que establecen determinados topes en los porcentajes de algunos suplementos, los que fueron modificados en exceso, provocando achatamiento salarial en los sueldos líquidos y un evidente perjuicio económico al personal", sostienen los autoconvocados, citando ejemplos de ello. 
 

No alcanza

Los voceros de la organización dicen, como resumen, que "las pautas salariales imponen un exiguo 10% de aumento sobre el sueldo básico  de cada grado, que sumado a los aumentos en distintos suplementos en cuestión, representan un aumento del 19% aproximadamente en el sueldo de bolsillo del agente de policía a partir de marzo, y a su vez menores porcentajes de aumento en otros grados. El aumento acumulado para todo el año para el agente sería del 29%, y de un porcentaje menor en algunos grados, cuando la inflación proyectada para este año sería del 50%, según estimaciones privadas". 
 
"De esta forma, este año los sueldos policiales volverían a perder poder adquisitivo frente a la inflación por quinto año consecutivo, arrastrando una caída del salario real catastrófica que condena a la mayoría de los policías en actividad y retirados a sueldos de pobreza e indigencia", plantean.
 
Los policías dicen que por eso presentaron una propuesta propia de recomposición, que pretende un pago inmediato del 8% sobre el sueldo básico y eliminación del suplemento recargo de servicio, correspondiente a la segunda etapa del blanqueo salarial pendiente desde hace seis meses.
 
Junto con eso reclaman un programa de blanqueo total de haberes en el término de 18 meses a partir de este año, en consonancia con la política salarial del gobierno nacional implementada el año pasado para fuerzas militares y de seguridad, que incluya la eliminación de rubros no remunerativos y su incorporación paulatina en el sueldo básico de cada grado: bono pandemia de $ 5.000, suplemento refrigerio de $ 5.000 y del complemento no remunerativo de $ 1.700, a  valor actualizado neto de bonificaciones y retenciones en el grado de agente, y a partir de este en forma proporcional al resto de los grados, respetando la estructura salarial vigente.
 
Además, el FREPPACH rechaza cualquier aumento por vía de sumas en negro, pide el pago de deudas salariales de años anteriores y reclama la aplicación de una cláusla gatillo que equipare la evolución de los salarios con la inflación en caso de que ésta supere la pauta prevista.

Los firmantes de la declaración son Livio T. Fernández (secretario general), Remigio Morales (adjunto) y Adolfo Segovia (gremial).