La familia de Sebastián Ponce de León solicitó la intervención de Gendarmería Nacional para continuar con la investigación penal preparatoria. Lo hicieron a través de un escrito presentado por la querella particular ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.

También requirieron que esa fuerza “brinde protección a los denunciantes, testigos y profesionales querellantes”, según explicaron en un comunicado difundido a la prensa. 

Esto se da en el marco de la investigación del hecho ocurrido el 31 de enero del 2019, cuando se detuvo a Sebastián Ponce de León por una denuncia por violencia de género. Diez días después, el hombre de 32 años falleció a causa de una insuficiencia renal aguda que, según sostiene su familia, se debió a los golpes recibidos por parte de la policía durante su detención. 

En concreto, lo que los familiares solicitaron fue la aplicación de la Ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que en su artículo 5 inc. D expresa que la víctima tiene derecho a “requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes”. 

Reclamaron que “se disponga en la presente causa todo lo que tenga que ver con la seguridad de la denunciante, los familiares, testigos y profesionales intervinientes, en razón de que las personas involucradas como supuestos autores son funcionarios de la Policía de la Provincia del Chaco”.

En el escrito presentado señalaron que los familiares que hicieron la denuncia “han sido y siguen siendo víctimas de acoso policial, lo cual fue puesto en conocimiento del Consejo Provincial de la Tortura que realizo la pertinente denuncia”.

Finalmente, la familia aclaró que “es obligación y responsabilidad del Tribunal garantizar la seguridad de la denunciante, familiares y testigos”.