La inicativa anunciada por Milei el 20 de diciembre implica una profunda desregulación de la economía, propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas. Si la Bicameral no se reuniera en un plazo de diez días hábiles, el pleno de cada Cámara está habilitado a debatirlo.