La cámara de diputados aprobó el proyecto presentado en mayo por el legislador liberal, Ivan Gyoker. "Si queremos darle la libertad, dignidad, oportunidad a los chaqueños tenemos que ponerle límites al Estado, para que no vuelvan a aparecer funcionarios que vengan a tener a la gente como rehenes", declaró el diputado.

 Además, afirmó que se encontraron dirigentes “llenos de denuncias de beneficiarios que no recibieron las viviendas que les correspondían, que les pedían favores sexuales, que si no iban a la marcha no cobraban o se les descontaba del plan", refiriéndose a casos como el de Jorge Bregui.

”669 millones de pesos al dinero de hoy era la plata que manejaban los gerentes denunciados que no tenían ninguna penalidad y seguían operando ese dinero, eran entregados 58 mil módulos alimentarios mensuales a organizaciones sociales sin ningún tipo de control mientras que los beneficiarios eran extorsionados con que si no iban a la marcha o daban favores sexuales no se les entregaba la bolsa de mercadería", agregó.

 “Este marco regulatorio lo que va a hacer es que ningún gobierno vuelva a convertir al Ministerio de Desarrollo Humano, y antes Ministerio de Desarrollo social, en los cajeros de los piqueteros de las organizaciones sociales, que no vuelvan a tener a la gente de rehén como en el gobierno de Capitanich”, concluyó. 

Sobre la Ley
 La ley 3327/22 “Asistencia Limpia” establece un marco legal para la asignación de beneficios sociales, en el que se prohíbe la participación de intermediarios y representantes de organizaciones sociales, ajenas a las autoridades estatales, en los procesos de asignación de beneficios sociales. La designación de los beneficios se realizará a través del Poder Ejecutivo por vía reglamentaria.