En una decisión controvertida, la Cámara en lo Criminal de Charata, liderada por el juez Juan Carlos Clauter, absolvió a los efectivos policiales acusados de tortura seguida de muerte en el caso de Leandro Bravo. La sentencia determinó que la muerte del joven no fue consecuencia del accionar policial, sino de sus problemas de consumo de sustancias, incluyendo alcohol y drogas. Organismos de derechos humanos, como el Comité contra la Tortura, han calificado el fallo de "vergüenza" y anunciaron su intención de apelar, al considerar que este caso evidencia una grave crisis institucional en la justicia.
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