La afirmación de condiciones extremas de precariedad laboral y pobreza, en un contexto de cooptación de la mayor parte de la Institucionalidad (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) por una lógica de saqueo sobre los bienes comunes, define que la conflictividad social no tiene modo alguno de procesarse institucionalmente y por tanto se sostiene solo como institucionalidad represiva.