Desde la Casa Rosada, se llevó a cabo una conferencia encabezada por el Gobernador de Chaco, Leandro Zdero, acompañado por el Ministro de Seguridad de la provincia, Hugo Matkovich, el diputado Ivan Gyöker, junto a la ministra Patricia Bullrich y el ministro Mariano Cuneo Libarona, donde se anunció la desarticulación de una red dedicada a la extorsión sexual de beneficiarios de programas sociales.

Patricia Bullrich dirigió críticas hacia los movimientos sociales y sindicatos, denunciando que "los gestores de políticas sociales creen tener el poder de dominar y explotar a la gente". Se reveló que se recibieron "80 mil denuncias relacionadas con extorsión, amenazas, abusos sexuales y coerción" dirigidas contra dichos movimientos y sindicatos.

En la rueda de prensa, Bullrich adelantó que el Gobierno emprenderá "un cambio completo y radical en estos administradores, que ya no solo gestionan la pobreza, sino que explotan completamente a los seres humanos aprovechándose de su vulnerabilidad".

La ministra también denunció una red de trata operativa en Chaco, que, según afirmó, utilizaba la entrega de beneficios sociales como herramienta de control. Se destacó la figura de Jorge Bregui, líder piquetero de la Corriente Clasista y Combativa, quien fue detenido bajo acusaciones de prostituir mujeres a cambio de estos beneficios.

Los funcionarios detallaron cómo el intermediario retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a participar en manifestaciones y se quedaba con la asistencia estatal. Bullrich afirmó enfáticamente: "Estas prácticas extorsivas no tienen cabida en este Gobierno. No habrá más intermediarios".

El exgobernador Jorge Capitanich fue señalado por los ministros del presidente Javier Milei de tener nexos con esta red de trata. "El Gobierno anterior de Chaco permitió estas acciones porque sus funcionarios recibían favores sexuales. Eso es lo bajo a lo que se ha llegado", enfatizó la ex presidenta del PRO.

Por su parte, Zdero declaró su firme decisión de combatir la corrupción y reveló que ha presentado denuncias ante la justicia provincial debido al "uso indebido de los beneficios sociales para el enriquecimiento personal de los dirigentes sociales, en un contexto donde la pobreza en la provincia del Chaco sigue en aumento".