SÁENZ PEÑA (Agencia). La justicia federal ordenó el allanamiento de las oficinasde desarrollo social de la Municipalidad de Taco Pozo, en busca de documentación de interés para la causa que se investiga por supuestas irregularidades en el otorgamiento de pensiones nacionales a personas que no están enfermas.

La localidad chaqueña ubicada en el extremo oeste de Chaco, en el límite con la provincia de Salta, habría mucho más de 500 pensiones otorgadas a personas que con alguna presunta complicidad de profesionales de la salud que habrían facilitado certificados para ser presentados ante la Anses (el organismo previsional de la Nación) a los fines de dar de alta pensiones por diferentes discapacidades.

Durante gran parte de la jornada de ayer lunes, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron el allanamiento pedido por el fiscal federal Carlos Amad al juez de Sáenz Peña, quien hizo lugar al pedido.

MÁS DE $350 MILLONES POR AÑO

Hoy, una pensión por discapacidad está en los $120.000 por cada beneficiario. Si se toma como número 500 pensiones truchas se estaría hablando de un desembolso del Estado de $350 millones al año, solo en la localidad de Taco Pozo.

La investigación apunta a la complicidad también del área política, teniendo en cuenta que la base de las gestiones para este tipo de beneficios se realizan desde la comuna local.

CASOS INSÓLITOS

Con los elementos que ya tiene en manos el fiscal Amad se pudo detectar a algunas personas les dieron certificados por incapacidades por un 60/70% y en la realidad, no tienen enfermedades que tengan que ver con ese grado de incapacidad.

Hay casos insólitos, que serán dados a conocer a medida que avance la investigación, donde se pone en evidencia enfermedades inexistentes y algunas que ni siquiera se ajustan a una eventualidad incapacidad.

Además llamó mucho la atención que siempre intervino el mismo médico y el mismo bioquímico".

DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El juez Ricardo Mianovich, cabe recordar, otorgó orden de allanamiento por defraudación contra la administración pública, y ayer se esperaba la incautación de documentación y de discos rígidos de computadoras, además de pendrives donde se puede obtener más información al respecto.

La investigación se había iniciado a partir de una denuncia en la que se puso como caso testigo el municipio de Taco Pozo, que tiene 9500 habitantes, a partir del año 2021 había 208 personas que fueron beneficiadas con pensiones por discapacidad. Un año más tarde, en 2022 aparecieron 288 personas de las 9500, y todavía falta saber la cantidad otorgada en el año 2023.