Cristina Pérez lidera una asociación que nuclea a cinco pueblos originarios de Salta que en 2020 logró que la CIDH le ordenara al Estado argentino otorgar la propiedad de 400.000 hectáreas a esas comunidades. En una entrevista con Télam, aseguró que todavía no pueden "acceder al agua potable" y preservar sus alimentos, sus medicinas y su identidad cultural.