El 21 de agosto de 2003 el Senado anuló las llamadas "leyes de impunidad", una de las primeras políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner a poco de asumir el Gobierno. La decisión permitió reanudar juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.