El 21 de agosto de 2003, el Senado nacional sancionó la ley que anuló las leyes de punto final y obediencia debida, un impulso fundamental para la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad en la Argentina y marcó un hito en la búsqueda de verdad y justicia por los delitos Cometidos durante la dictadura cívico militar. A 20 años opinó para Télam Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación.