Es a raíz del planteo hecho por la exsecretaria Legal y Técnica (SLYT) Vilma Ibarra, quien cuestionó la "validez" del decreto por haberse dictado, dijo, "sin informes técnicos" de los ministerios, tras lo que consideró que si "se comprueba que no lo trabajaron funcionarios sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad".