El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió hoy el envío a juicio oral y público de Aída Ayala, ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri y actual diputada nacional de la UCR, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Se trata del segundo juicio oral para la tres veces intendenta de Resistencia, la capital de Chaco. 

La Fiscalía entendió que la investigación estaba cerrada y le pidió a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, que envíe el caso a juicio oral. Junto con Ayala serán juzgados Daniel Fischer, ex jefe de campaña de Ayala y ex pareja de su hija, y Jacinto Sampayo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.

La legisladora nacional está acusada de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La causa se inició en 2018 por un negociado desde la intendencia de Resistencia, cuando Ayala estaba al frente en 2014, se montó para beneficiar a la empresa “PIMP SA” con la recolección de residuos en la ciudad. 

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Sabadini señaló que como intendenta de Resistencia Ayala “dispuso los mecanismos, personas y empresas que resultaron determinantes para influir en los procesos de licitación lanzados desde el municipio a su cargo” para beneficiar a “PIMP SA”.

Por esta causa la ex funcionaria de Macri tuvo una orden de detención que nunca se cumplió por sus fueros como diputada nacional. La jueza Niremperger, a pedido de la Fiscalía, dictó su prisión preventiva porque entendió que había “serios riesgos procesales de que pueda entorpecer la investigación o intentar eludir la acción de la Justicia”. La decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Resistencia pero  revocada por Casación en marzo de 2019. Ayala nunca fue detenida porque los diputados del PRO y de la UCR no dieron los votos para tratar el desafuero en la Cámara baja.

Con este dictamen de la Fiscalía para que la causa de lavado pase a juicio oral, ahora deberán opinar las defensas de Ayala y el resto de los acusados que podrán negarse a la elevación y pedir la nulidad de la acusación. Luego, la jueza deberá resolver si pasa el expediente a juicio oral.